En la década de 1960, había una propuesta para un "banco de datos nacional", destinado a mejorar la eficiencia del gobierno al facilitar el intercambio de información entre las agencias. Los proponentes creían que con el diseño correcto, el sistema podría funcionar de manera inofensiva a pesar de las preocupaciones sobre el mal uso potencial. Argumentaron que las salvaguardas podrían implementarse para garantizar el uso responsable. Los opositores, sin embargo, no estaban de acuerdo con vehemencia, por temor a que tal sistema finalmente conduzca a un mayor control gubernamental y la erosión de las libertades civiles, perpetuando a un estado policial.
.El debate sobre la propuesta del Banco Nacional de Datos destacó la tensión entre eficiencia y privacidad. Los defensores destacaron los beneficios potenciales para la mejora administrativa, mientras que los críticos aumentaron las alarmas sobre el riesgo de vigilancia y abuso de poder. En última instancia, prevalecieron los críticos, bloqueando la iniciativa, ya que temían que ninguna cantidad de regulación pudiera evitar las consecuencias perjudiciales de los sistemas de datos establecidos sobre las libertades individuales y la confianza social.
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