La política anti-violencia originalmente tenía como objetivo desafiar y transformar problemas sistémicos como el patriarcado, el racismo y la pobreza. Sin embargo, ha habido un cambio notable hacia la colaboración con las fuerzas policiales, lo que contradice fundamentalmente los objetivos originales de estos movimientos. Esta asociación es preocupante porque la policía generalmente se asocia con perpetuar los mismos sistemas de opresión que estos movimientos buscaban desmantelar.

Esta transformación destaca una tensión dentro del activismo de la justicia social, ya que alinearse con la policía significa una desviación de confrontar las raíces de la opresión. Sarah Schulman, en su libro "El conflicto no es abuso", discute las complejidades que rodean el daño, las responsabilidades de la comunidad y la necesidad de reparación, lo que sugiere que el verdadero progreso radica en abordar estas desigualdades sistémicas en lugar de reforzarlas a través de alianzas con instituciones opresivas.